El robo de alrededor de 140 piezas del Museo Nacional de Antropología el 24 de diciembre de 1985 despertó en el ciudadano común una plena conciencia del valor del patrimonio arqueológico, y durante los casi cuatro años que tardó en resolverse modificó de manera irreversible las historias alrededor de esa identidad asombrosa que se refleja en las huellas de civilizaciones remotas.

Hasta el momento los canales que conectaban saqueo y coleccionismo habían permanecido estables, casi ocultos, como sucede con la dinámica de todos los delitos. Hacía apenas 13 años que el coleccionismo de facto había sido considerado una conducta no solamente antisocial, como es el caso de cualquier agravio, sino que lo convertía en un atentado federal, es decir, a la nación, a la memoria de lo que somos.
En ese lapso algunos aficionados a los objetos prehispánicos regularizaron su situación al declarar el contenido de sus colecciones, algunas hechas por hallazgos casuales o poco inducidos en visitas al campo, si bien en muchos casos se trataba de auténticos tratos comerciales: “idoleros”, como se les conocía, recorrían las regiones pródigas de piezas, las adquirían a campesinos y contaban con una cartera de clientes a quienes sabían que se las podían ofrecer.
En otros casos, como el que documentaron los diarios el 28 de febrero de 1964, galeristas del centro de la ciudad, de la calle de Allende 84, habían encargado cortar a sierra una estela maya con el fin de facilitar su transportación.